Toma y daca

Toma y daca
Jorge Alcocer V.
16 Diciembre 08

Mi sentido pésame a Cuauhtémoc Cárdenas.

Las negociaciones para sacar adelante proyectos de reformas legales son obligatorias cuando ningún partido cuenta con el número de votos suficientes para aprobarlos por sí mismo. Incluso en los años en que el PRI mantuvo la hegemonía en ambas cámaras, era común que en temas de particular importancia, o impacto mediático, desde el gobierno se promoviera el voto favorable de los diputados opositores, especialmente del PAN o PSUM.

El problema no es la negociación, sino en lo que ésta implica, es decir, el toma y daca que hace posibles los acuerdos.

La negociación del paquete de reformas en materia de seguridad pública y justicia penal consumió varios meses sin resultado alguno, hasta que el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí desató la indignación social y obligó a las instituciones estatales a dejar de lado sus diferencias para comprometerse a acelerar el paso.

La mayoría de las leyes que involucra esa reforma quedaron aprobadas en el periodo de sesiones que recién concluyó; habrá que hacer su análisis y, sobre todo, conocer los efectos de su aplicación práctica, para emitir un juicio al respecto. Sin embargo, cabe adelantar opinión negativa en relación a varias de las consecuencias laterales de la negociación que hizo posible la aprobación en la Cámara de Diputados.

El diputado Juan N. Guerra (PRD) declaró a la revista Proceso (No. 1675), que la negociación se vio interrumpida por la trágica muerte del secretario de Gobernación, y luego se entrampó por la exigencia de la bancada perredista en San Lázaro de no considerar como delito penal el secuestro cometido por "luchadores sociales". Parece increíble que el gobierno y el PAN, según afirma el citado diputado, no hayan rechazado de inmediato tan bárbara propuesta, sino que, en principio, a través del nuevo secretario de Gobernación, hubiesen manifestado su aceptación.

No merece mayor comentario la peregrina idea de que el secuestro cometido bajo supuestas motivaciones sociales deba ser exculpado. Los delincuentes que secuestraron en México a Arnoldo Martínez Verdugo (1985) o los que en Colombia, por años, mantuvieron privada de su libertad a Ingrid Betancourt, y aún mantienen como rehenes a otras personas, no son "luchadores sociales". La izquierda partidista no puede, no debe, ser cómplice de tales actos y grupos bajo falsas consideraciones retóricas que niegan su compromiso con la democracia y la vigencia de la ley.

La propuesta perredista fue finalmente rechazada, lo que motivó el consabido reclamo y nuevas exigencias de intercambio. Según Juan Guerra, la nueva moneda de cambio fue exigir la reforma constitucional para instaurar las figuras del referéndum y el plebiscito como formas de consulta directa a la sociedad.

Un amasijo, derivado de diversas iniciativas al respecto, dio lugar al dictamen aprobado el jueves pasado, por el cual se pretende reformar varios artículos de nuestra Constitución. Pese a los defectos de técnica legislativa y ausencia de análisis de la doctrina y experiencias en la materia, la Junta de Coordinación Política hizo aprobar el dictamen de marras, por el cual, de validarlo el Senado y la mayoría de las legislaturas locales, sería posible que las políticas públicas sean sometidas a consulta directa, igual que las reformas constitucionales que afecten la forma del Estado, el régimen de gobierno o las garantías sociales. Igual posibilidad se plantea respecto de leyes y políticas públicas de los estados y del Distrito Federal.

En San Lázaro los coordinadores de los tres mayores grupos parlamentarios decidieron aplicar en sus negociaciones reglas propias de un casino, pagando al PRD su voto a favor de la reforma de seguridad pública y justicia penal con una modificación constitucional para un asunto por completo ajeno al motivo de la partida de cartas que estaban jugando.

Puede ser que nuestra democracia requiera de formas de consulta directa al electorado en temas de singular importancia, para lo cual los instrumentos a la mano son el referéndum y el plebiscito, que aunque parecidos son de naturaleza diferente. Podría ser que la reforma de la Constitución, tan manoseada a últimas fechas, amerite frenos sociales a los usos y abusos del Congreso de la Unión. Pero nada de ello debería hacerse sin discusión y reflexión sobre las ventajas y riesgos de tales medidas, menos aún sin un panorama completo de las leyes que reglamentarán el referéndum y el plebiscito.

Contra lo que algunos creen, las consultas directas al electorado han servido en muchos países a gobernantes populistas o grupos reaccionarios; los primeros para perpetuarse en el poder, los segundos para echar abajo conquistas sociales, como la despenalización del aborto o los derechos de minorías.

Lo criticable son las negociaciones de toma y daca, de las que la sociedad se entera por las quejas de algunos de sus protagonistas. Los acuerdos entre los grupos parlamentarios, y entre el Congreso y el Ejecutivo deben tener límites; el primero: la responsabilidad y sentido de Estado.

Publicado en Reforma