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Javier González Garza
17 Oct. 09
17 Oct. 09
Un sindicato como el SME resultaba incómodo al Ejecutivo, por lo que había que liquidarlo; a pesar de la alternancia el régimen político busca el sometimiento de los sindicatos
La decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro, tomada por Felipe Calderón, demuestra que a pesar de la alternancia en el Ejecutivo, el régimen político permanece intacto.
El sistema político sigue exigiendo a las dirigencias sindicales control de sus agremiados, sometimiento al poder del Presidente y apoyo irrestricto en sus políticas, además, claro está, de respaldo electoral. El apoyo de tales "sectores" fue necesario, pues legitimaba un sistema de partido de Estado que no respetaba las elecciones.
Era de suponer que, una vez consolidada la transición democrática, se prescindiera de esos métodos de control y legitimación, pues la legitimidad se ganaría con los votos y por la actuación democrática de los gobiernos. Evidentemente esto no sucedió.
El sindicato de trabajadores de Pemex es un ejemplo claro de ello. Se ha demostrado en diferentes ocasiones la corrupción de sus líderes, como en el Pemexgate, cuando se desviaron cientos de millones de pesos. El apoyo del SNTE a la campaña de Calderón es bien conocido y todos los días sufrimos las consecuencias de ese contubernio.
Esos casos y en los miles de contratos de protección reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podemos constatar que, efectivamente, el poder requiere el control y apoyo de los sindicatos.
Es por ello que un sindicato como el SME resulta incómodo, pues no cumplió esas reglas no escritas y por ello hay que liquidarlo aplicando todo el poder del Estado.
El gobierno argumenta que los trabajadores son los responsables de lo mal administrada que está esa empresa. El que muchas instituciones públicas no paguen su cuenta de luz, que grandes empresas hagan millonarios robos de energía, que Luz y Fuerza ya no produjera electricidad y que se le haya ahogado presupuestalmente en los últimos años no es de forma alguna responsabilidad de los trabajadores. Los trabajadores no fijaron las tarifas a las que Luz y Fuerza compraba la energía en bloque a CFE, ni el precio al que se vende a los usuarios.
Sin duda hay problemas de servicio como en la mayoría de las empresas, pero eso debería resolverse por la administración. Pero paradójicamente, en los últimos años, era el SME el que presentaba en la Cámara de Diputados las necesidades presupuestales para emprender los proyectos de modernización y mejora del servicio, nunca los administradores de Luz y Fuerza.
Otro argumento que cae por sí mismo es el de las prestaciones y el contrato colectivo. El efecto mediático amarillista con que se quiere revestir este asunto es lamentable. Los contratos colectivos de trabajo se acuerdan y son firmados por el patrón y la representación sindical, así que estas autoridades no pueden llamarse a sorpresa, y en todo caso deberían ser corresponsables en el tema. En algunas negociaciones contractuales la negociación llegaba al acuerdo de que el aumento salarial se pagaría en especie y esto no puede ser presentado ahora como un abuso de los trabajadores. Algo parecido pasaba en algunas instituciones nacionales, en las que, ante la falta de recursos, se pactó una reducción del número de horas laborables y en algunos casos se pasó de ocho a cinco horas, permitiendo que esos trabajadores encontraran otro trabajo para "completar" su ingreso.
Pero la más soterrada razón para liquidar Luz y Fuerza se hará pública tarde o temprano. Se trata de la red de fibra óptica en el tendido eléctrico, controlada en casi todas las entidades por la CFE y en el centro del país por Luz y Fuerza. El potencial económico de ese tendido de comunicaciones, en el centro del país, es monumental y la ambición, incontenible. La posibilidad de proveer servicios de "triple play" con esa infraestructura tiene muy ansiosos a grandes y privilegiados inversionistas, que, para variar, tienen vínculos con el gobierno.
El autonombrado "presidente del empleo" y de las manos limpias transgredió gravemente el Estado de derecho y generó más desempleados que nadie en un solo acto. Por un lado invade la esfera del Legislativo al decretar la desaparición de una entidad que el Congreso le ordenó crear. Luego actúa en la ilegalidad al tomar instalaciones sin que esté fundada y motivada su actuación, dejando en la calle a más de 44 mil trabajadores.
El control de las comunicaciones y la energía deben ser del Estado. Vamos a ver muy pronto el intento de este gobierno de entregar al capital privado esa infraestructura estratégica de la nación. Parece obvio que el gobierno no ha tomado en cuenta la defensa que los mexicanos pueden hacer de lo suyo.
En este conflicto se deben salvaguardar tres asuntos centrales: la energía y las comunicaciones como factor estratégico del desarrollo en México; la legalidad con que debe actuar siempre un gobierno republicano, y el empleo de miles de mexicanos en la peor crisis económica de la historia.
Históricamente la izquierda ha llamado a cumplir la ley y a combatir la ilegalidad del "régimen despótico y autoritario de partido de Estado". Hoy continuamos con esa demanda contra un régimen que a todas luces no ha cambiado.
La decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro, tomada por Felipe Calderón, demuestra que a pesar de la alternancia en el Ejecutivo, el régimen político permanece intacto.
El sistema político sigue exigiendo a las dirigencias sindicales control de sus agremiados, sometimiento al poder del Presidente y apoyo irrestricto en sus políticas, además, claro está, de respaldo electoral. El apoyo de tales "sectores" fue necesario, pues legitimaba un sistema de partido de Estado que no respetaba las elecciones.
Era de suponer que, una vez consolidada la transición democrática, se prescindiera de esos métodos de control y legitimación, pues la legitimidad se ganaría con los votos y por la actuación democrática de los gobiernos. Evidentemente esto no sucedió.
El sindicato de trabajadores de Pemex es un ejemplo claro de ello. Se ha demostrado en diferentes ocasiones la corrupción de sus líderes, como en el Pemexgate, cuando se desviaron cientos de millones de pesos. El apoyo del SNTE a la campaña de Calderón es bien conocido y todos los días sufrimos las consecuencias de ese contubernio.
Esos casos y en los miles de contratos de protección reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podemos constatar que, efectivamente, el poder requiere el control y apoyo de los sindicatos.
Es por ello que un sindicato como el SME resulta incómodo, pues no cumplió esas reglas no escritas y por ello hay que liquidarlo aplicando todo el poder del Estado.
El gobierno argumenta que los trabajadores son los responsables de lo mal administrada que está esa empresa. El que muchas instituciones públicas no paguen su cuenta de luz, que grandes empresas hagan millonarios robos de energía, que Luz y Fuerza ya no produjera electricidad y que se le haya ahogado presupuestalmente en los últimos años no es de forma alguna responsabilidad de los trabajadores. Los trabajadores no fijaron las tarifas a las que Luz y Fuerza compraba la energía en bloque a CFE, ni el precio al que se vende a los usuarios.
Sin duda hay problemas de servicio como en la mayoría de las empresas, pero eso debería resolverse por la administración. Pero paradójicamente, en los últimos años, era el SME el que presentaba en la Cámara de Diputados las necesidades presupuestales para emprender los proyectos de modernización y mejora del servicio, nunca los administradores de Luz y Fuerza.
Otro argumento que cae por sí mismo es el de las prestaciones y el contrato colectivo. El efecto mediático amarillista con que se quiere revestir este asunto es lamentable. Los contratos colectivos de trabajo se acuerdan y son firmados por el patrón y la representación sindical, así que estas autoridades no pueden llamarse a sorpresa, y en todo caso deberían ser corresponsables en el tema. En algunas negociaciones contractuales la negociación llegaba al acuerdo de que el aumento salarial se pagaría en especie y esto no puede ser presentado ahora como un abuso de los trabajadores. Algo parecido pasaba en algunas instituciones nacionales, en las que, ante la falta de recursos, se pactó una reducción del número de horas laborables y en algunos casos se pasó de ocho a cinco horas, permitiendo que esos trabajadores encontraran otro trabajo para "completar" su ingreso.
Pero la más soterrada razón para liquidar Luz y Fuerza se hará pública tarde o temprano. Se trata de la red de fibra óptica en el tendido eléctrico, controlada en casi todas las entidades por la CFE y en el centro del país por Luz y Fuerza. El potencial económico de ese tendido de comunicaciones, en el centro del país, es monumental y la ambición, incontenible. La posibilidad de proveer servicios de "triple play" con esa infraestructura tiene muy ansiosos a grandes y privilegiados inversionistas, que, para variar, tienen vínculos con el gobierno.
El autonombrado "presidente del empleo" y de las manos limpias transgredió gravemente el Estado de derecho y generó más desempleados que nadie en un solo acto. Por un lado invade la esfera del Legislativo al decretar la desaparición de una entidad que el Congreso le ordenó crear. Luego actúa en la ilegalidad al tomar instalaciones sin que esté fundada y motivada su actuación, dejando en la calle a más de 44 mil trabajadores.
El control de las comunicaciones y la energía deben ser del Estado. Vamos a ver muy pronto el intento de este gobierno de entregar al capital privado esa infraestructura estratégica de la nación. Parece obvio que el gobierno no ha tomado en cuenta la defensa que los mexicanos pueden hacer de lo suyo.
En este conflicto se deben salvaguardar tres asuntos centrales: la energía y las comunicaciones como factor estratégico del desarrollo en México; la legalidad con que debe actuar siempre un gobierno republicano, y el empleo de miles de mexicanos en la peor crisis económica de la historia.
Históricamente la izquierda ha llamado a cumplir la ley y a combatir la ilegalidad del "régimen despótico y autoritario de partido de Estado". Hoy continuamos con esa demanda contra un régimen que a todas luces no ha cambiado.
Publicado en Reforma
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