Federico Berrueto

20-11-10

La señora Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas, es muestra de lo que ya no debe existir en la política; Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD y defensor de Greg Sánchez y Julio César Godoy, piensa lo opuesto. Así se entiende su apoyo a la ex gobernadora, quien ha iniciado una campaña mediática para descalificar al contralor de Zacatecas, Guillermo Huízar, en el informe que muestra las irregularidades en el manejo de los recursos públicos, reporte que se refiere sólo a 2% de lo ejercido por esa gestión. Lo que piense el que escribe y el dirigente del PRD poco importa, lo relevante, además de la calidad de las pruebas, es lo que piensan los habitantes de Zacatecas: 83% dice que hubo actos de corrupción en el gobierno de Amalia García y esa misma proporción exige continúen las indagatorias.

En Zacatecas, en la elección de gobernador pasada votó 70% de la lista nominal, participación sin precedente. El candidato del gobierno, el senador Antonio Mejía Haro, obtuvo menos de un voto por cada cuatro. Su mayor dificultad fue la pésima imagen del gobierno de Amalia García. El candidato del PRI, Miguel Alonso, ganó por convincente mayoría, más de veinte puntos de diferencia respecto al candidato del gobierno. En ningún estado con alternancia se vio derrota del partido gobernante en tal magnitud.

El voto es mandato, no cheque en blanco. El nuevo gobierno tiene la responsabilidad elemental de cambiar el estado de cosas, mucho más si se trata de alternancia, lo que no entendió en su oportunidad Vicente Fox. Revisar el pasado es fundamental para que el presente y el futuro no se vuelvan complicidad y se establezca un nuevo piso de ética y de probidad. La rendición de cuentas no es opción, es obligación. El gobierno de Zacatecas está en bancarrota, el incremento de la deuda fue más allá de lo posible, los recursos públicos fueron desviados a otros propósitos y, muy posiblemente, se malversaron. Es indebido hacer de la oficina pública dispensario de préstamos a particulares, como es, también, gastar el dinero en el financiamiento de eventos que mucho tienen de espectacular y casi nada de cultural. La irrisoria compra de mezcales a diez veces más de su costo, los préstamos desproporcionados y no saldados, las obras inconclusas son ofensa para un estado con carencias básicas, uno de los más pobres del norte del país.

El gobernador Miguel Alonso debe actuar frente a la corrupción, sin otro límite que la ley. Ese es el sentido del voto que lo llevó al poder. La actuación del contralor Guillermo Huízar es ejemplo de lo que debiera suceder en el país. Al gobernador Alonso poco debe preocupar la ofensiva mediática de la ex gobernadora o del PRD. Tampoco debe atender a los vendedores de protección del PRI, preocupados por el efecto en Oaxaca y Puebla, responsables de que el Congreso no haya tomado medidas ejemplares en Amigos de Fox, el Pemexgate, Pemex y otros casos que han involucrado a altos funcionarios del gobierno federal actual. Lo acontecido en Zacatecas es ejemplar y debiera dar lugar a una comisión de investigación en la Cámara de Diputados sobre casos de corrupción en el nivel federal y en los órganos autónomos, como la Conagua y el IMSS.

La señora Amalia es una sinvergüenza, negación de la izquierda y de la causa que busca empoderar a las mujeres; dispuso de lo ajeno, no sólo de los recursos de su gobierno, sino los de las próximas generaciones. Ejemplo es la construcción del proyecto llamado Ciudad Gobierno. Utilizó el esquema Proyectos de Prestación de Servicios, los inversionistas privados invirtieron mil cuatrocientos millones, Zacatecas tendrá que pagar en veintidós años, cuatro mil doscientos millones de pesos, en mensualidades de poco más de diez millones de pesos. Para un estado pobre, la obra es un insulto, pero el pago no lo hizo el gobierno que contrató, lo deberán realizar en los veinte años Zacatecas y para darle seguridad a los constructores, la señora Amalia promovió como garantía las participaciones federales futuras, las que habrán de depositarse en un fideicomiso.

La defensa pública de la señora ex gobernadora es patética. Victimizarse y declararse perseguida política es tomadura de pelo, propia de una sinvergüenza, digna de la calidad moral de sus acompañantes, pero, sobre todo, es una falta de respeto a los zacatecanos. Lo que se pide a la señora Amalia es una respuesta puntual a los señalamientos, que los funcionarios a su responsabilidad hagan del término legal para comparecer, oportunidad para esclarecer los señalamientos y así deslindar responsabilidades. Debe quedar claro que recurrir al perdón y olvido es puerta grande a la complicidad, significa anular la legitimidad y fuerza moral del sufragio. Por el discurso de la señora Amalia esperemos que el otro 98% pase la prueba. Lo dudo.

Publicado en Milenio