Carlos Valdez
La Paz. Una pequeña multitud con coloridos ponchos y polleras anima una fiesta con música andina mientras sacerdotes aymaras celebran un ritual frente a la Casa de Gobierno, pero la concentración dista mucho de aquellas masas que hace un año vitoreaban la reelección de Evo Morales.
Indígenas y campesinos afines al mandatario llegaron para festejar el 22 de enero el inicio del segundo mandato de Morales. La fiesta, no obstante, se realizó en la plaza de armas, sin la participación popular de antaño, ante la indiferencia de una población que tiene grandes urgencias derivadas de la carestía de la vida.
La popularidad de Morales, el primer indígena que gobierna el país, se vino a pique en enero tras un fallido aumento de 78 por ciento en los carburantes que encendió violentas protestas callejeras que obligaron al mandatario a derogar el aumento.
Una encuesta de la empresa Ipsos Opinión y Mercado reveló que en enero el nivel de aprobación del mandatario cayó a 36%, el más bajo desde que asumió el gobierno en 2006 y distante del 70% que obtuvo hace un año al asumir su segundo mandato hasta 2015, tras recibir 64% de los votos.
La furia popular apedreó edificios de sindicatos afines al gobierno y armó hogueras en las calles, donde quemó el retrato de Morales, algo impensable hace unos meses.
El epicentro de la protesta fue la vecina ciudad de El Alto, reducto oficialista, la misma que en 2003 protagonizó una revuelta popular que obligó a renunciar al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tras la muerte de 63 manifestantes.
Organizaciones de campesinos e indígenas afines al gobierno pidieron el cambio de ministros y hasta la renuncia de Morales, al tiempo que sectores de la oposición afirmaron que la administración está manejada por aficionados.
El azúcar y la harina están subsidiados. Las largas filas en las ciudades para abastecerse del producto recuerdan a los bolivianos los tiempos de una dura hiperinflación en 1984.
“Nos sentimos defraudados. No es posible que en esta ciudad (Santa Cruz) tengamos cuatro ingenios y no haya azúcar’’, dice Hugo Salvatierra, un jubilado que esperó tres horas, aguantó lluvia y sol para comprar cuatro kilos del producto, cuyos precios subieron 23% a mediados de enero.
“No creo en las encuestas y no tengo equipo, salvo el gabinete. Si dicen que fue un error (el ajuste) o que fui mal asesorado, el error es del presidente; asumo la responsabilidad y no tengo que echar la culpa a nadie’’, dijo recientemente.
Organizó su gabinete privilegiando lealtades y equilibrios políticos internos (indígenas, movimientos sociales, clase media) por encima de otros factores.
Llegó al gobierno en 2006 acompañado de sindicatos y movimientos sociales y cambió el rostro del Estado al ampliar la composición social de la administración, dominada ahora por mestizos. Los sectores que le respaldan se sienten con el derecho a participar y reclaman más cuotas.
La crisis en el partido de gobierno “deviene de esas lógicas patrimonialistas y por la falta de un proyecto político de mediano y largo plazos, que por ahora se pinta difuso por las diversas corrientes internas”, dijo la analista María Teresa Zegada.
El ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz, quien ayudó a Morales en la nacionalización de los hidrocarburos, cree que el propio mandatario puede haber puesto fin a su ciclo de reformas después de lo que describió como el fallido “gasolinazo impuesto por las petroleras”.
De fuerte retórica anticapitalista, el mandatario se mostró severo crítico del mercado, se vanaglorió de gobernar sin las recetas del FMI, pero el aumento de los subsidios a los combustibles ha ido corroyendo la economía como un “cáncer’’, según sus propias palabras.
En 2006 nacionalizó los hidrocarburos, la mayor riqueza del país, y redistribuyó la renta petrolera mediante subsidios a los pobres, pero la falta de inversiones externas han llevado a la industria al estancamiento.
El agua embotellada cuesta más que la gasolina en Bolivia y con 27 dólares el barril cuando en el mercado internacional pasó los 90 dólares, las petroleras dejaron de invertir y la producción de líquidos cayó por debajo del consumo. Las petroleras prefieren producir y exportar gas a Brasil y Argentina, que tiene mejor precio. Morales ha reconocido ahora que las petroleras necesitan incentivos y ganar para invertir en nuevos campos.
La subvención a los carburantes se disparó en su gestión de 108 millones de dólares en 2005 a 660 millones en 2010, casi un tercio de las exportaciones de gas.
“El gasolinazo demostró que la construcción de la gobernabilidad no se hizo. Todos pensamos que Morales garantizaba la gobernabilidad. No es así, el país es rehén de los movimientos sociales”, escribió el ex presidente Carlos Mesa.
Morales cambió a tres ministros en áreas clave: hidrocarburos, productividad y agua, y ratificó a otros 17.
Pero su gabinete sigue teniendo la misma composición que el de 2006 y está lleno de indígenas y de personas afines de raza mixta.
Morales mantuvo al ministro de economía Luis Arce, uno de los pocos tecnócratas verdaderos del gabinete y quien intentó en vano recortar los subsidios.
La supervivencia del gobierno ya no parece pasar por un proyecto político que saturó el discurso oficialista durante cinco años, sino por asuntos más concretos, como superar la crisis de los combustibles y la carestía de los alimentos.
Morales nunca creyó en los tecnócratas y era visto como un dogmático. Sin embargo, el aumento en los precios de los combustibles, algo que consideraba propio de los gobiernos neoliberales, mostró que también puede ser pragmático. Resta por verse si ese pragmatismo le permitirá salir de la crisis.
Publicado en Milenio
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