La izquierda paraestatal

Alejandro Encinas Rodríguez 31-julio-07

Una izquierda conservadora es una contradicción insuperable. Así como en todo régimen existe un grupo de intelectuales, comunicadores e incondicionales cuya tarea es justificar las condiciones vigentes y difundir información e ideas que legitimen al poder —actividad recompensada con reconocimiento, dádivas y otras concesiones como formar parte de la corte del poder—, en México se vislumbra la tentación de los poderes fácticos y de algunos medios de comunicación de reinsertar la presencia de la izquierda en el espectro político, en una versión complaciente, dócil, contraria a sus compromisos históricos: esos lastres ideológicos que estorban tanto en las negociaciones con otras bancadas parlamentarias. Se pretende inducir una corriente que aspire a disfrutar los dividendos y privilegios de ser la segunda fuerza política nacional, a costa de renunciar a su aspiración de convertirse en mayoría. Existen distintos incentivos desde el Estado que dan “buenas razones” para alentar la presencia de ese tipo de “izquierda”: el alto financiamiento público para los partidos y la posibilidad de acceder a cargos de representación popular, lo que permite combinar influencia en las decisiones públicas, con el control de la burocracia partidista; el reparto de canonjías; y el soporte de una base clientelar con la que se mantiene una relación de intercambio de lealtades por favores políticos. Es la izquierda deseable para los hombres del poder. La que legitima y da lustre al régimen. A la que corresponde asentir, testimoniar e incluso, cuando el poder así lo exija, tras la afrenta poner la otra mejilla. El propósito consiste en dotar al régimen de una apariencia incluyente, tolerante y democrática, y contrarrestar el avance de la izquierda crítica e independiente. Este no es un fenómeno nuevo, es la tentación de reproducir el viejo esquema de una izquierda paraestatal. Es lo que Robert Michels denomina la “ley de hierro de las oligarquías”: cuando en una organización se registra un distanciamiento de la base social con sus dirigentes, las decisiones se concentran cada vez más en pocas manos, y se olvidan las causas y demandas de afiliados y simpatizantes: la organización pasa de ser un medio a ser un fin en sí misma. La izquierda debe tener claro su papel y responsabilidades actuales. La ciudadanía —con razón— se encuentra desencantada con el sistema de partidos. No hay partido que por sí mismo obtenga un mayor número de votos que el abstencionismo, y este desencanto de los electores pasivos, que no acuden a votar porque “de nada sirve”, no ha sido capitalizado por ningún partido. Inconformismo e izquierda deben ir de la mano; sin embargo, hay que reconocer que la izquierda no ha logrado motivar a los ciudadanos y demostrar que puede ofrecer una opción diferente. Por el contrario, en muchas ocasiones se ha abocado a reproducir los vicios que criticaba del corporativismo autoritario priísta, lo que crea una percepción favorable al interés de construir una izquierda a modo, desde las altas esferas del poder. Estas razones motivaron en buena medida la creación de una fórmula novedosa: la Convención Nacional Democrática, en la que concurren ciudadanos indignados y participativos que no se reconocen en las burocracias partidistas y demandan un espacio de participación distinto al desgastado mundo institucional, con los partidos políticos de izquierda. La Convención tiene mucho que aportar en este sentido. En primer lugar, porque existe una amplia base social, con conciencia renovada, dispuesta a entrar de lleno en la transformación del país y exige que quienes conducen este proceso estén a la altura de las circunstancias. En segundo lugar, porque es expresión de los cambios en la sociedad y ésta no confía en los modos tradicionales de hacer política. Y en tercer término, porque las elecciones se ganan con votos de ciudadanos y no de clientelas políticas. Pero, más importante aún para la izquierda, sus partidos y corrientes es entender que resistir a un poder ilegítimo y contrario a los intereses de la mayoría no es sólo un derecho, sino una obligación ética. Publicado en el Universal