Nudos en los gobiernos de izquierda

Clara Jusidman

8 de agosto de 2007

Agradezco la invitación del Maestro Jorge Calderón y de la Comisión Organizadora del X Congreso Nacional Extraordinario del Partido de la Revolución Democrática para participar en esta reflexión sobre la izquierda y sus gobiernos, en donde quisiera expresar, por una parte, lo que personalmente pienso, en mi calidad de ciudadana independiente, que deberían privilegiar los gobiernos de izquierda y, por otra, lo que observo en las prácticas de gobierno del PRD, aunque reconozco de inicio que tengo información limitada sobre varios de los gobiernos de izquierda en funciones.

Lo que considero distinguiría en la actualidad a un gobierno democrático de izquierda, respecto de los gobiernos de otras ideologías políticas, son cinco aspectos principales:

• Una definición clara de cuánto Estado y cuánto mercado en materia económica.

• Un compromiso con la realización de los derechos humanos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales.

• Un compromiso al apego de todas sus actuaciones a los preceptos de la ley.

• Asegurar, comprometerse y llevar a cabo la participación ciudadana en el ejercicio de gobierno.

• Reconocer e incorporar la complejidad, la diversidad, la pluralidad y la multietnicidad en la función gubernamental, para hacerla más pertinente a la realidad nacional.

Mercado y Estado

Es evidente que el libre juego de las fuerzas del mercado no conduce al bienestar general, sino que tiende a agudizar las asimetrías y la desigualdad ni tampoco una economía controlada por el Estado logra un uso eficiente de los recursos escasos disponibles y, por ello, tampoco permite una mejoría en el bienestar y en el ejercicio de las libertades de la población. Esto ocurre así, porque en ambos casos han sido seres humanos los que han estado detrás tanto de la operación de las economías de mercado como de las economías de control estatal y, tanto en unas como en otras, la búsqueda y el mantenimiento del poder económico o del poder político, deriva en amplios sectores subordinados y excluidos de la población, bajo el dominio de burocracias políticas y grupos de interés.

Lo importante es, entonces, generar una institucionalidad que limite o ponga reglas y sancionen los abusos personales o de grupo que ocurren en las economías de mercado y en las de control estatal, que atentan contra los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Lo trascendente es apostarle a construir ciudadanía política, civil y social como diría Alfred Marshall, que le ponga límites al ejercicio abusivo del poder.

Por ello, actualmente el proyecto de un gobierno de izquierda debe construir colectivamente una definición clara y de largo plazo de cuánto mercado y cuánto Estado se desea alentar en la organización de la sociedad, no sólo en materia estrictamente económica, sino, incluso, en materia de política social, cultural, ambiental, entre otras. Las preguntas a responder serían del tipo de las siguientes:

¿Cuáles recursos, actividades, bienes y servicios tienen que estar controlados por el Estado y cuáles se deben dejar al mercado? Son los recursos y las actividades estratégicas (energía, agua, costas y ZEE, aduanas, reservas territoriales, espacio aéreo) y los servicios sociales básicos (salud, educación y seguridad social) o también la infraestructura de comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones, las obra hidráulicas, los servicios financieros, los sitios arqueológicos y los recursos culturales los que deben ser o permanecer bajo el control del Estado? ¿Cómo lograr que aquello que quede bajo el control del Estado colocando siempre como objetivo el bienestar colectivo, sea utilizado con eficiencia y equidad cuando se trate de recursos y activos, sea proporcionado con suficiencia y calidad cuando se trate de servicios sociales, sea operado en forma competitiva y justa con los trabajadores cuando se trate de actividades económicas? ¿Cuál es la posición del gobierno de izquierda respecto de la inversión privada nacional y extranjera? ¿Dónde si y dónde no? ¿Bajo qué condiciones?

Con las rupturas en las visiones históricas sobre las responsabilidades del Estado que se pusieron en práctica en los últimos 25 años, parecería necesario hacer una recapitulación y una revisión cuidadosa, a partir de criterios previamente definidos y consensuados, de cuáles son los recursos, las actividades, las riquezas y los servicios que deben quedar bajo el control del Estado con miras a un mayor bienestar colectivo compartido y equitativo.

Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

Por cuanto a la justicia social, que ahora se mira como la realización de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de toda la población sería urgente que la izquierda tuviera un proyecto claramente definido. De este modo, algunas preguntas que deberían hacerse son:

¿Cuál es el régimen social que impulsará un gobierno de izquierda? Cuánta responsabilidad en materia social asume el Estado, cuánto se deja al mercado, cuánto a las familias y cuánto a la comunidad y sus organizaciones (iglesias, OSC, organizaciones asistenciales, clubes, mutualidades, sindicatos, etcétera) ¿Toda la educación en todos lo niveles será laica, gratuita y pública?¿Qué parte de los servicios de atención a la salud serán proporcionados por el Estado, cuáles por el mercado y cuáles por las familias y las organizaciones de la comunidad?¿La seguridad social será universal o sobre base contributiva?¿Los programas de vivienda privilegiarán la accesibilidad y el costo por sobre la calidad y la viabilidad de la convivencia pacífica? ¿Qué régimen de pensiones se promoverá?

¿Cuál es la postura de un gobierno de izquierda frente al derecho al trabajo y del trabajo? Frente a la libre sindicación, frente a los derechos laborales de sus propios trabajadores, frente al salario mínimo legal como garantía social, frente a los riesgos del trabajo, frente a la justicia laboral.

Sin recursos transferidos por los ciudadanos para la operación y el desarrollo de instituciones y servicios del Estado, ningún proyecto de izquierda es viable si se plantea metas muy ambiciosas. Dentro de ello, habrá que examinar ¿Cuáles son los márgenes presupuestales reales que tienen los gobiernos de izquierda para llevar a efecto sus proyectos sociales? ¿Cuánto estaría dispuesta la población a pagar para que el Estado opere cierto tipo de servicios o proporcione cierto tipo de bienes?

A partir de ello, podría hacerse un compromiso de progresividad en las coberturas y en los servicios sociales que se brindan a la población acorde con el máximo de recursos disponibles e incorporando modalidades de exigibilidad y justiciabilidad de aquellos servicios sociales que llegan a alcanzar la categoría de coberturas universales como los de educación preescolar, primaria y secundaria, los servicios de vacunación, por ejemplo. Un gobierno de izquierda debería tener un proyecto que vaya ampliando en forma progresiva las coberturas universales en materia de salud, de otros niveles de la educación, de agua potable, energía, infraestructura básica, acceso a la información, etcétera.

El apego a la ley

Una asignatura pendiente en México refiere a la procuración, administración e impartición de justicia. Seguramente, un análisis comparado de gobiernos de distinto origen ideológico no mostrará muchas diferencias entre estados gobernados por uno u otro partido. Tal vez en los gobiernos conservadores funcione mejor la justicia para las actividades y la propiedad privada. Sin embargo, la justicia sigue siendo una caja negra para los ciudadanos y ninguno quisiera tener que verse sometido a ella.

La impunidad que domina el país ante actos de violación de derechos humanos, de crimen organizado, de corrupción gubernamental, de abuso del poder es inacabable. Las violaciones por parte de los servidores públicos a las leyes que promulga el propio Estado son sistemáticas, cotidianas y van en aumento. De este modo, si varias leyes y regulaciones no permiten realizar un monumento faraónico y absurdo como la Torre del Bicentenerio, lo que hay que hacer es cambiar la ley, para asegurar el negocio y participar en el capitalismo de compadres, como decía Stiglitz.

Si el negocio y el intercambio de servicios y de apoyos electorales entre sector privado y gobiernos, partidos y fracciones de la izquierda requieren que se cambien las regulaciones de uso del suelo, de tipo ambiental, de protección del patrimonio, éstas se modifican con legislaturas a modo y se acabó el problema. En este caso, los ciudadanos tienen que callarse y someterse, pues el voto que ejercieron eligió al gobierno de “izquierda” para hacerse cargo.

La mejor señal de un gobierno democrático de izquierda hacia la sociedad mexicana sería su apego a la ley, la reducción de la impunidad y el castigo a los violadores de la misma siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, así como el combate frontal a la corrupción. Ningún ciudadano está dispuesto a que sus impuestos y aportaciones para el ejercicio del gobierno sigan siendo utilizados para el enriquecimiento personal de unos cuantos y para las peleas por el poder y los recursos entre los grupos políticos.

Participación ciudadana

Desde mi óptica personal esta es la asignatura más deficitaria de los gobiernos de izquierda. Se ha fallado sistemáticamente respecto del llamado bono democrático otorgado por la población. Es cierto que se han promulgado leyes de participación ciudadana en los estados gobernados por la izquierda en México, pero los ejercicios concretos de esa participación han sido fallidos. La izquierda mexicana no tiene una estrategia y práctica concreta y amplia de participación ciudadana en el ejercicio gubernamental.

Conozco muy pocos ejemplos de modalidades de participación ciudadana efectivas y sostenidas en estados gobernados por la izquierda en México, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, primero en los estados gobernados por el PT donde se promovieron los presupuestos participativos y, ahora, con el gobierno de Lula donde, desde su inicio, se creó un Consejo Económico y Social y Consejos Gestores para la discusión, el diseño y operación de políticas públicas.

Los ejemplos que conozco en México se limitan al Consejo Económico y Social, establecido por Alfonso Sánchez Anaya, en Tlaxcala, algunos esfuerzos de presupuestos participativos en la Delegación Tlalpan en el D.F., los comités de planeación urbana y la operación de algunos consejos consultivos en el gobierno del Distrito Federal del Ing. Cárdenas y algún aliento a la contraloría social en el gobierno de López Obrador. La situación de los comités vecinales en la Ciudad de México es una zona de desastre y no se han renovado en los últimos años ni se ha legislado en la materia, en beneficio de la voracidad de las inmobiliarias.

La pregunta es ¿en qué medida la matriz autoritaria heredada del viejo régimen es un obstáculo para avanzar en la democracia participativa en los gobiernos de la izquierda en México?¿En qué medida los gobiernos de izquierda consideran a sus gobernados como ciudadanos de pleno derecho o como sus clientelas políticas? ¿Cuántos de los gobernantes de la izquierda piensan que una mayor participación ciudadana les limitaría el ejercicio y uso del poder? ¿Cuántos realmente se han preocupado por promover una democracia participativa, por apoyar la construcción y el empoderamiento de los ciudadanos?

Comprender la complejidad social

Un observador de la realidad mexicana crecientemente compleja por la diversidad, la pluralidad, la multietnicidad, los cambios estructurales experimentados por la economía mexicana frente a la globalización, los fuertes fenómenos migratorios internos y hacia el exterior, los cambios tecnológicos, poblacionales y en las familias, entre otros, pensaría que los gobiernos deberían entender y asumir esos cambios complejos y concebir estrategias que atenuaran los efectos perversos de los mismos y potencien sus beneficios; y que además lo hicieran con visiones de largo plazo.

Esta complejidad demandaría, además, que los gobiernos echaran mano de los conocimientos y experiencia disponible en el país para el diseño de las políticas y programas más pertinentes ante las nuevas realidades. Lamentablemente esta no parece ser la situación ni en los gobiernos de izquierda, los de centro ni en los de la derecha.

La brecha entre el conocimiento experto y el ejercicio de gobierno se ha profundizado en una época de emergencia de nuevas problemáticas que están erosionando las bases mismas de la convivencia y las potencialidades de desarrollo del país.

Las soluciones simples, de corto plazo, a partir de intuiciones y de ocurrencias, con poco sustento, autoritarias, con desconocimiento del contexto y de las experiencias previas, que no miden ni atenúan sus posibles efectos perversos sociales, económicos, culturales y ambientales, parecerían constituir en la actualidad, la forma más común de hacer gobierno, de legislar, de hacer justicia y brindar seguridad. Estamos tirando por la borda la poca cohesión social que existía en el país y el tejido social se deteriora aceleradamente.

Me pregunto si los gobiernos de izquierda efectivamente reflexionan sobre la calidad de los funcionarios y servidores públicos que incorporan a sus equipos de trabajo, de los candidatos a legisladores que postulan, de los responsables de la procuración, administración e impartición de justicia que colocan y sobre la autonomía efectiva de los órganos autónomos que operan en las entidades donde gobiernan.

Desde afuera, uno tiene la impresión de que todas esas posiciones se han convertido en materia de pelea de las diferentes fracciones con el fin de pagar las lealtades políticas, más que tomarlas como una responsabilidad con la colectividad que los eligió para ejercer un buen gobierno. Son muy pocas las personas que se colocan en las distintas posiciones ejecutivas, legislativas, del poder judicial y de los órganos autónomos que, efectivamente, conocen la materia sobre la que adquieren responsabilidad, pero, además, cuando llegan a las posiciones se deshacen de los servidores públicos de otros gobiernos de izquierda, inclusive, para colocar a sus seguidores y no saben o le temen al conocimiento experto en las diversas materias. Además, la experiencia adquirida en el ejercicio de los gobiernos de izquierda no se preserva porque no hay un proyecto compartido de gobierno de izquierda, sino una estrategia grupal de asalto al palacio.

Algún pensador señalaba que es más fácil promover y difundir los principios y valores que vivir y conducirse de acuerdo con ellos. Creo que esto refleja mucho de los males que aquejan a los políticos de la izquierda mexicana.

Los ciudadanos tenemos que luchar por gobiernos auténticos y rescatar nuestro derecho al Estado, tan vulnerado por los intereses personales y grupales de acceso al poder y a los recursos económicos y que han sido el origen de la creciente separación entre los partidos políticos y la clase política en todo el espectro ideológico con respecto del resto de los mexicanos.

Ponencia presentada en el foro “La izquierda y sus gobiernos”, el 8 de agosto de 2007 en la Ciudad de México. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, AC.