02-03-10
La iniciativa presentada la semana pasada por el senador perredista Pablo Gómez para modificar el artículo 130 constitucional, encaminada a “restablecer los derechos de asociación política y de libertad de expresión de los sacerdotes de todos los cultos religiosos”, sorprendió a más de alguno y podría generar además de mucho ruido, serias sacudidas a la relación del Estado con las iglesias. Para apreciar su pertinencia o su inconveniencia, me parece que hay que entender sus orígenes y situarla en el actual debate sobre el carácter del Estado laico.
Hace algunas semanas, la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad una reforma al artículo 40 de la Constitución, para que la República Mexicana se defina como representativa, democrática, laica y federal. Como procede, la resolución de los diputados federales se turnó para revisión a la Cámara de senadores y allí, Gustavo Madero, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, señaló en forma más o menos críptica a propósito de su grupo: “Somos laicos, pero no ilusos, y no queremos caer en las provocaciones que están motivando precisamente la exposición de motivos en la iniciativa como viene formulada”. La declaración podía interpretarse de muchas maneras, pero una posible era que el Episcopado católico mexicano había advertido al PAN de las posibles consecuencias que tendría la aprobación de dicha reforma, por lo que dicho partido no dejaría que pasara fácilmente e incluso la podían congelar.
En ese mismo contexto, los dirigentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) iniciaron una ofensiva para empujar por lo que ellos definen como “libertad religiosa” y que en suma no son más que los viejos reclamos para obtener plenos derechos políticos, impartición de instrucción religiosa en las escuelas públicas, derecho de poseer medios masivos de comunicación y por supuesto la eliminación de cualquier obstáculo para la intervención de los ministros de culto en los asuntos públicos; es decir, los relativos al Estado. La presidencia de la CEM anunció incluso que hincaría un “diálogo” para buscar eso que ellos definen como “una total libertad religiosa”. Así lo han hecho, al mismo tiempo que sus seguidores en el Senado han tratado de resucitar iniciativas para reformar el artículo 24 de la Constitución, que se refiere a la libertad de creencias y de culto. El artículo actualmente señala: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo…”. Si se llegara a introducir en lugar de esta noción la de “libertad religiosa”, las consecuencias para otros artículos serían profundas. Una de ellas, el Episcopado católico aspira, sería el cambio del artículo tercero para eliminar la laicidad de la educación pública. También se eliminarían todas las restricciones para la propiedad por parte de iglesias de los medios masivos de comunicación y las limitaciones a los ministros de culto para que desde el púlpito o desde sus templos, sinagogas, mezquitas y toda clase de reuniones religiosas, pudieran expresarse a favor o en contra de partidos y candidatos.
Es en ese contexto que surge la iniciativa del senador Pablo Gómez. Él simple y sencillamente propone eliminar el inciso E del artículo 130, que a la letra señala: “Los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones...”. Pablo Gómez no ha hecho en el fondo más que resucitar una vieja tesis del Partido Comunista Mexicano que, con motivo de la reforma política lanzada en 1977, propuso que “los ministros de los diferentes cultos, en su calidad de ciudadanos, deben gozar del derecho de formar parte de cualquier partido político”. Esta propuesta probablemente se origina en la necesidad del PCM de establecer el principio de la democracia sin exclusivismos ideológicos, así como la posibilidad de constituir un frente con los sectores progresistas de la Iglesia. Como dijo el periodista jesuita Enrique Maza, la iniciativa del PCM estaba encaminada a llevar “de manera abierta la lucha de clases hasta el seno mismo de la Iglesia”. En todo caso, en ese entonces, como ahora, la iniciativa fue ampliamente rechazada por la enorme mayoría de los sectores políticos.
En 2010 las circunstancias son distintas, a pesar de las similitudes. La ofensiva católica ahora cuenta con suficientes seguidores en el Senado como para por lo menos intentar bloquear la reforma que incluye la laicidad del Estado. Una posible estrategia de los obispos y senadores panistas sería entonces la de querer negociar la reforma al artículo 24 o al 130, a cambio del 40, bajo la lógica de que o avanzan las dos reformas o no avanza ninguna. En ese contexto es que apareció la iniciativa de Pablo Gómez. Sería terrible para la reforma sobre el Estado laico que el PAN se prestara a esto, o que cualquiera de los otros partidos le hiciera el juego a la derecha confesional.
Publicado en Milenio
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