El gregorazo

Ricardo Monreal Ávila

01-06-10

A un año del llamado michoacanazo, ese golpe político-electoral contra el gobierno estatal perredista de Michoacán, el gobierno federal instrumentó ahora el gregorazo, la detención del alcalde con licencia de Cancún y candidato de la coalición de izquierda al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Greg Sánchez Martínez, con la finalidad de cancelar cualquier posibilidad de que un candidato distinto al PAN o al PRI llegue al gobierno de esta estratégica entidad del sureste mexicano.

Con base en testimonio de “testigos protegidos” o “testigos colaboradores” (delincuentes confesos, sin escrúpulos, que con tal de obtener beneficios judiciales y económicos son capaces de incriminar falsamente hasta a sus progenitores), lo mismo que con información fiscal y un expediente judicial a modo, la autoridad federal busca descabezar una opción política estatal con el conocido recurso de imputar vínculos con la delincuencia organizada a un candidato incómodo. En efecto, como alcalde de Cancún, Greg Sánchez denunció y se opuso por igual a la depredación económica y ambiental que de este destino turístico promovían la Secretaría de Turismo federal y el gobierno estatal del PRI, por atender cada uno sus compromisos políticos y económicos privados.

Si la intención de la autoridad federal fuese realmente procurar justicia, hubiese actuado desde el mes de enero, cuando ya tenía integradas las denuncias principales. Pero esperó hasta que iniciaran las elecciones y Greg Sánchez fuese registrado como candidato, para que no hubiese opción de cambiarlo.

Si el objetivo fuese realmente combatir la narcopolítica, sin sesgo partidista alguno, la autoridad ya hubiese actuado desde hace tiempo contra algunos gobernadores del PRI y de por lo menos un candidato a gobernador del pacífico, cuyos expedientes tienen el doble de hojas y testimonios que el de Greg Sánchez, según se ha ventilado en diversos medios de comunicación. Pero el gobierno federal no sabe, no quiere o no puede actuar contra esta otra mafia política, porque tarde o temprano él mismo se verá involucrado o implicado. En este terreno, el gobierno federal ha sido muy transparente en materia de justicia: para los perredistas hay michoacanazos y gregorazos; en cambio, para autoridades priistas y panistas, justicia y gracia, complicidad e impunidad. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un citatorio.

Tanto el PRI como el PAN han utilizado desde la Presidencia de la República el aparato de justicia con fines políticos. En la época de la Presidencia Imperial era conocida la divisa de Gonzalo N. Santos: “A mis enemigos les doy tres opciones: entierro, destierro o encierro”. En la época de la Presidencia Disfuncional, la opción que perdura es la tercera y se aplica con especial rigor durante épocas electorales.

Es conocida la forma como el PAN retuvo la gubernatura de Jalisco en 2006: a unos días de las elecciones, la PGR acusó al candidato del PRI, Arturo Zamora, de vínculos con el crimen organizado, no le probó nada pero lo sacó del primer lugar en la contienda.

El desafuero de AMLO es el otro episodio negro de esta forma de politizar la justicia y de judicializar la política, un sello distintivo de los ocupantes de Los Pinos desde el año 2000. La motivación electoral de esta forma de procuración de justicia o, mejor dicho, perversión de la justicia, ha sido reconocida hasta por el propio Vicente Fox, quien dijo haber hecho de la campaña presidencial de 2006 su “desquite” personal por el tema del desafuero. En esta secuela de envilecimiento de la justicia o de utilización del aparato de justicia con fines electorales hay que ubicar el michoacanazo y el gregorazo.

La única forma de eliminar este sesgo político-electoral de la procuración de justicia en México, tanto a nivel federal como local, es quitar a los ejecutivos la facultad de nombramiento de los procuradores de Justicia, devolviendo esta facultad a la sociedad o a su representación parlamentaria que son los congresos legislativos.

Más aún, hay que hacer responsables a los ejecutivos y a sus procuradores de los actos de abuso de autoridad que cometan contra los candidatos en campaña o contra las autoridades legítimamente constituidas. Si un candidato resulta culpable de los delitos que se le imputan, que pague con la cárcel y la pérdida automática de su postulación. Pero si resulta exonerado de la misma por el Poder Judicial, que se anule y se reponga la elección de la cual fue sacado injustamente. Así como hay un fuero para los funcionarios electos popularmente, que los protege de los abusos del poder político, así hay que dar garantías a los candidatos en campaña para que no sean más víctimas de michoacanazos y gregorazos, es decir, de un aparato de justicia partidizado y envilecido.

Publicado en Milenio