19 jul 2008

La izquierda en América latina

Alejandro Encinas Rodríguez

28-marzo-07

Es innegable el avance de la izquierda en América Latina. Dos terceras partes del subcontinente son gobernadas por diversas expresiones de izquierda que han emergido de diferentes procesos políticos. Y si bien cada uno presenta especificidades en su conformación, es posible encontrar algunos signos de identidad.

La mayor parte de los partidos políticos y frentes de izquierda que hoy se encuentran en el poder provienen de movimientos que a lo largo de más de tres décadas, además de enfrentar las expresiones más duras del autoritarismo gubernamental -en especial las dictaduras militares-, hicieron un replanteamiento de su posición ideológica y de su discurso. El distanciamiento con el bloque soviético años antes de la caída del muro de Berlín trajo consigo dos posiciones fundamentales: asumir la democracia como la vía para lograr las transformaciones necesarias y un discurso que retomó los valores distintivos del nacionalismo en cada país.

El ejemplo más sensible de estos cambios lo representó el triunfo de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, que marcó en definitiva el vuelco de la izquierda a la legalidad pese al feroz golpe militar que hundió a Chile en una de las más violentas dictaduras del continente.

En este contexto, las izquierdas iniciaron un proceso unitario que abrió paso a la conformación de nuevos partidos o frentes políticos, con lo que se empezaba a superar un espíritu de sectarismo fuertemente arraigado. Así surgen, entre otros, el Frente Amplio de Uruguay y nuevos partidos; en el caso mexicano, la disolución del Partido Comunista da paso al PSUM, al PMS y más adelante al PRD.

A la par de estos cambios, la emergencia de diversos movimientos cívicos y sociales frente al agotamiento de los modelos económicos impuestos por las políticas de ajuste y el neoliberalismo rebasaron la demanda reivindicativa para sumarse a la lucha por la democracia, el reconocimiento de los derechos sociales, la defensa del patrimonio nacional, el respeto a la naturaleza y a los derechos humanos.

La convergencia de estos elementos, sumada a la dinámica de los procesos locales, permitió a las izquierdas, además de alcanzar los primeros triunfos electorales y generar una cultura de gobierno, madurar un discurso al que se incorporó la adopción de valores democráticos en la gestión de los asuntos públicos: austeridad, eficiencia, rendición de cuentas, ética en el servicio público.

Hoy, la acción de la izquierda está indisolublemente ligada a la dinámica electoral, lo que la mantiene en una disputa permanente por el liderazgo político; ello la conduce, en la lógica de toda competencia, a encontrar un equilibrio para ganar a los sectores sociales que no simpatizan con esta corriente y a la disyuntiva de colocarse en el centro político para garantizar estabilidad y gobernabilidad.

Si bien el ejercicio gubernamental exige moderación -lo que no significa renuncia a principios e ideales-, así como atención al conjunto de intereses del conglomerado social, también exige certeza en la conducción y en la identificación de los cambios que permitieron el arribo de la izquierda al gobierno.

Si se reconoce que estos cambios derivaron del agotamiento de gobiernos autoritarios, de políticas que propiciaron mayor marginación y de un movimiento social que busca una mejor calidad de vida, la izquierda no tiene por qué abandonar esa ruta.

Ello no significa poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, hacer un manejo irresponsable de los recursos públicos o frenar el desarrollo de la inversión privada; se trata más bien de mantener líneas puntuales que hacen diferente un proyecto de esta naturaleza.

Así, identifico al menos cuatro ejes que articulan una nueva identidad en la izquierda: la reforma y transformación democrática del Estado que le permita cumplir con sus responsabilidades sociales y la conducción de una política económica que, inmersa en la globalidad, favorezca el mercado interno y el desarrollo de la región; el impulso de una política de justicia social que abata la inequidad; la construcción de una ciudadanía más participativa y corresponsable; y el establecimiento de mecanismos que garanticen la gobernabilidad y el reconocimiento a la diversidad.

Publicado en el Universal

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