Demagogia estilo DF... en náhuatl y con skateboarding
Jorge Fernández Menéndez
18-Ago-2008
Mientras todo eso ocurre en el orbe, el Gobierno del Distrito Federal ha dado la orden, terminante, de que todos los funcionarios y buena parte de las escuelas deberán comenzar a estudiar e impartir náhuatl. Nadie puede tener nada contra la enseñanza del náhuatl, pero es de lógica común comprender que, en términos de utilidad para los jóvenes y los funcionarios del DF, se trata de una absoluta pérdida de tiempo, un absurdo: ¿cuántas horas tendrán que estudiar, en sus horas laborables, por ejemplo, los funcionarios, con el fin de aprender el antiguo idioma indígena y dominarlo?, ¿en qué mejorará su relación con los gobernados, en qué los hará más eficientes? En el caso de los estudiantes (e incluso de los funcionarios) y aunque alguno sin duda asegurará que se trata de una traición a nuestras raíces, ¿no sería mejor que aprendieran inglés y computación, como decía aquella criticada propuesta de Francisco Labastida, que luego se comprobó que era lo mejor de su campaña en 2000? Eso sí, Ebrard ha dicho que no podrá concurrir a las clases, obligatorias para todos los funcionarios, pero las seguirá a distancia, desde su oficina. Demagogia pura, como lo fue la obligación de los funcionarios capitalinos de ir en bicicleta a sus labores una vez a la semana. Nadie lo cumplió pero ha servido para realizar un gasto sustancial en bicicletas y en publicidad.
Es tan demagógica y absurda la decisión como la insistencia del secretario de Desarrollo Social, Martí Batres (como siempre siguiendo la línea del gran timonel López Obrador), de que la inseguridad deviene directamente de la situación económica y la pobreza. En términos muy generales se podrá decir que sí, pero la realidad indica que el crimen organizado, el secuestro, la violencia que estamos viviendo a diario, no tiene que ver con la pobreza, sino con la falta de valores, la destrucción de instituciones de seguridad, la corrupción que las permea y la impunidad en la que se mueven los delincuentes. Reducir la inseguridad a la pobreza es no comprender nada de este fenómeno... y criminalizar a la pobreza. De esa manera no podría explicar Batres, por ejemplo, por qué, pese a todos sus pesares, es el estado de Chiapas la entidad con menores índices de delincuencia del país.
Pero asumamos por un momento que Batres y su jefe pudieran tener razón. ¿Cómo explicar entonces que las medidas que se adopten pasen, como lo anunció uno de sus más cercanos colaboradores, Javier Hidalgo, encargado del Instituto de la Juventud en la capital del país, por la construcción de entre 20 y 40 pistas de skateboarding, para patinetas?, ¿quién le dijo a Hidalgo que el skateboarding, como se le llama a esta práctica típica de la ciudad de Los Ángeles, debe ser parte de una política social?, ¿quién le dijo, entre otras cosas, que es un “deporte” que el gobierno capitalino “debe rescatar” con nuestros impuestos, como antes ocurrió con las pistas de patinaje sobre hielo?, ¿qué tiene que ver con las expectativas y las necesidades de los jóvenes mexicanos, que pasan por la seguridad, la educación y el empleo?
Los problemas que aquejan a la capital son demasiado importantes para ser ridiculizados. Cuando la ciudad está agobiada por la inseguridad, la delincuencia, la falta de servicios, de transporte adecuado, cuando la corrupción sigue creciendo, no se puede jugar imponiendo la enseñanza del náhuatl o gastando dinero en pistas de skateboarding y presentándolos como una política social responsable.
Apenas el sábado, la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió una recomendación a la Procuraduría Capitalina por la detención arbitraria, la incomunicación y las torturas que sufrió la joven apodada La Monse, detenida luego del extrañísimo y nunca explicado bombazo que se produjo el 15 de febrero pasado en la avenida Chapultepec. Como dice la Comisión, nadie puede prejuzgar si la joven es culpable o no de los hechos de los que se le acusa, pero su investigación demuestra que fue detenida e incomunicada arbitrariamente, desnudada, agredida sexualmente y torturada para que involucrara a otras personas en el supuesto atentado, mismo que, por cierto, está lejos de haber sido esclarecido.
Ayer mismo, mientras el Gobierno capitalino se ocupaba del náhuatl y las patinetas, se divulgó que por unos pocos pesos en prácticamente cualquier tianguis de la ciudad se puede comprar todo tipo de uniformes falsos de la AFI y de la PFP, como también los de las policías capitalinas, incluidas insignias y otras identificaciones. El comercio se realiza públicamente, a la luz del día y ninguna autoridad lo impide ni castiga.
Ayer mismo supimos también que, de los 13 policías que trabajaban con el comandante José Luis Romero Ángel, acusado de ser uno de los secuestradores y asesinos del joven Fernando Martí y que se presentaron “espontáneamente” ante la Procuraduría capitalina, cinco dieron datos falsos y no son localizables. Y en el colmo de la impunidad, los grupos afines a López Obrador y que apoyaron a Alejandro Encinas, encabezados por Dolores Padierna, tomaron la sede de su propio partido, el PRD, para tratar de impedir la reunión de su Consejo Nacional. Y, por supuesto, ninguna autoridad capitalina movió un dedo para impedirlo.
Publicado en Excélsior
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